Autor: Alejandro Duarte Rueda
Hay sequía en toda la Región Caribe y eso que el Fenómeno del Niño apenas comienza y según el Ideam se extenderá durante los próximos 9 meses. Las evidencias están allí muy cerca de nuestras ciudades, especialmente en La Guajira, Magdalena, Atlántico y Cesar, que están padeciendo la falta de agua y no se justifica que en nuestras casas y en negocios como lavaderos de carros se esté desperdiciando el vital líquido.
Pero como gremios comerciales y empresariales tampoco estamos de acuerdo en que en una ciudad cosmopolita como Barranquilla no haya agua potable teniendo el río Magdalena al lado, para justificar la medida de que quien consuma más de 32 metros cúbicos debe pagar más.
Vemos cómo el sector agrícola está sufriendo pérdidas millonarias, los ganaderos reportan miles de reses muertas, la producción lechera ha bajado en un 50 por ciento, los jagüeyes están secos.
Mientras tanto, las ayudas que prometió el gobierno nacional no han llegado, es decir, el gobierno habla de ayudas pero no las envía. Como lo acaba de anunciar el ministro de Agricultura, que se invertirán 40 billones de pesos en los próximos 10 años para crear infraestructura que lleve agua a los departamentos de la costa Caribe.
Lizarralde dijo que no se debe pensar en medidas de corto plazo, sino en soluciones que en el largo término eviten situaciones "dramáticas" como las que se están viviendo en departamentos como Guajira, Magdalena y Santander.
Y nuestros mandatarios locales, departamentales y autoridades ambientales regionales y nacionales qué hacen? Por fortuna la Procuraduría General de la Nación les exigió presentar en pocos días un informe detallado sobre las medidas ya adoptadas para hacer frente al desabastecimiento de agua.
Los alcaldes, gobernadores, corporaciones autónomas, tienen 10 días para presentar ese informe sobre las medidas de prevención puestas en marcha, si es que las tienen, para hacerle frente a los impactos de la variabilidad climática y las que planean adelantar.
Es que a los mandatarios les correspondía desde hace muchos meses implementar estrategias pedagógicas encaminadas a hacer uso eficiente del recurso hídrico y preparar a los ciudadanos ante los posibles impactos que ocasione el fenómeno, pero no lo han hecho. De ahí las graves consecuencias que estamos viendo.
Compartimos el criterio del Ministerio Público cuando les recuerda a los funcionarios el estricto cumplimiento de las normas ambientales, especialmente en lo referente al uso del agua. De acuerdo con el Decreto 1541 de 1978, se establece como prioridad el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural, es decir, garantizar que la gente tenga agua potable para consumir.
Preocupa que a pesar de las continuas advertencias que se hicieron por todos los medios, se estén presentando emergencias de desabastecimiento en varias regiones del país, sin que existan planes de contingencia y medidas alternas que permitan minimizar las consecuencias de este tipo de emergencias.
Hay algunas acciones gubernamentales bienvenidas, como la perforación de pozos profundos para buscar aguas subterráneas, como fuente alternativa de agua potable en distintas regiones del país.
Entre tanto, el presidente de la Federación de ganaderos, Fedegan, José Félix Lafaurie, ha expresado que si el Gobierno no toma medidas en materia alimentaria, alivio de créditos y otras, las consecuencias serán nefastas.
Explicó que “la leche se da en la medida que haya pasto, porque el 85% es agua, y si el ganado no tiene agua no la produce. La producción nacional que es de 18 millones de litros día, ahora debe estar en 10 millones. A $800 por litro, son cerca de $6.400 millones por día; en 100 días son $600 mil millones, que dejaron de recibir los ganaderos, con un agravante: el 82% son pequeños, de 5 a 10 reses, que están a punto de una implosión social”.
Nos aterra que el ‘Niño’ apenas está empezando, y hay zonas en la Región Caribe que llevan 6 meses sin recibir una gota de agua. Entonces, si no se actúa con urgencia, las pérdidas serán muy superiores a las anteriores. Compartimos con el gremio de ganaderos que urge que el Gobierno haga congelar el pago de los créditos, por lo menos durante un año, como se hizo cuando el Fenómeno de La Niña, cuando se encargó de los intereses bancarios, y además se otorgó un período de gracia de 2 años, mientras se recuperaba la economía ganadera.
¡Unidos somos más!