Autor: Moisés Pineda Salazar
A uno que otro Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de los que andan aupando por una nueva Constitución para el país, le preguntaba; ¿Qué es lo que no les gusta de la Constitución de 1991 al punto que justifique que la reemplacemos por otra Carta Política? ¿O por una Constitución Nacional?
La inquietud surge, sobre todo ahora que andan acompañados por sectores que en aquella época fueron "seguidores tibios" o adversarios públicos del esfuerzo que se hizo por dotar al país de un nuevo modelo de Estado.
- ¿Será que no les gusta la Soberanía Popular?
- ¿Será que no les agrada el modelo de Nación unitaria, con descentralización de sus entidades territoriales.?
- ¿Será que no les agrada el bloque esencial de las autonomías territoriales que conforman el sistema de garantías y derechos de municipios, distritos, departamentos y regiones?
- ¿Será que no es de beneficio para los colombianos todo el capítulo de Derechos Fundamentales que en esa Carta Política de 1991 se consagraron, así como sus mecanismos de protección?
- ¿Será que no es conveniente la existencia de autonomías e independencia entre las ramas del poder público?
- ¿ Será que no les gusta el régimen de Participación Ciudadana que, en correspondencia con la Soberanía Popular le garantiza a los Ciudadanos el Derecho a Participar en las Decisiones que afectan su bienestar?
- ¿Será que les incomoda el Estado Social de Derecho y las protecciones, si se quiere extremas, a las libertades civiles, a la Igualdad Real y la capacidad del Pueblo para darse sus propios gobernantes y ejercer de esa manera su Soberanía a través de la representación a través del voto, directo, general y secreto?
- ¿Será que prefieren un modelo de organización política en el que los partidos, la gobernabilidad sean arrasados por la acción armada de las milicias disfrazadas de comités de defensa; las normas surjan y desaparezcan llevadas por las olas incontenibles de los "estados de la opinión" y la gobernabilidad quede en manos de las conveniencias corporativas?
- ¿Será que les incomoda la democracia como el sistema que provee de garantías a los derechos de las minorías y preferirían otro modelo en el que se imponga la dictadura de las mayorías?
- ¿Será que preferirían un modelo en el que las minorías sean de todo tipo, menos las políticas o que las minorías no tengan opción diferente a la de asimilarse o ser asimiladas?
- ¿Será que prefieren un modelo de Estado "prefabricado" en todos sus detalles desde una Carta Política y no como producto del consenso permanente que se expresa en el accionar institucional que materializa la Democracia Directa, la Democracia Participativa y la Democracia Representativa y que se hace vinculante a través de la Norma y el Debido Proceso?
- ¿Será que les incomodan todas estas Ritualidades y prefieren el ejercicio de un poder omnimodo, sin mediaciones ni Ritualidades que "resuelva todos los problemas"? Un Estado Corporativista, Autoritario, Vertical y Jerarquizado.
- ¿Será que no les gusta que en Colombia no haya pena de muerte y que no existan delitos imprescriptibles?
- ¿Qué es lo que les incomoda que amerite un cambio en el modelo de Estado?
Se lo pregunto directa y públicamente a los Constituyentes de 1991 que expresaron el querer y el sentir de la Costa Caribe. Lo hago sin mediaciones y espero-iluso-respuestas públicas.
De ella se dijo:"esta no es la Constitución de una revolución triunfante"; la del 91 "es una colcha de retazos" sentenciaron otros; "es un acuerdo sobre lo fundamental" acotaron los de más allá; "la tarea de construir el Nuevo País, apenas empieza", dijeron quienes tenían la claridad que aquel acuerdo apenas era suficiente para empezar la tarea de hacerlo materia, de "ponerle sentimiento, huesos y carne", entre todos.
Pero, no bien se habían elegido congresistas que reemplazaron a los que "fueron enviados a vacaciones" por la Asamblea que convocó a nuevas elecciones, los nuevos senadores y representantes, muchos de ellos provenientes de los Partidos signatarios del acuerdo, se dieron a la tarea de empezar a "corregirle la plana" a sus copartidarios.
¿"Cómo crees que nos vamos a reelegir sin puestos y sin contratos"? argumentaba un Representante para explicar su voto favorable a la demolición del Régimen de Inhabilidades y Prohibiciones que la Carta Política le impuso a los Congresistas que, se suponía, pondría remedio a una de las fuentes principales de la corrupción política en Colombia y que haría prevalecer el sentido de que "la función principal del Congreso es ejercer el control político sobre el gobierno", para reemplazarla por la de que "la función principal del congreso es la aprobación y la distribución del presupuesto".
Está demostrado que para imponer o para cambiar la reelección presidencial no se necesita una Asamblea Constituyente. Bastaría una reforma Constitucional, o una reforma legal, una consulta al Pueblo o una iniciativa popular, siguiendo los procedimientos y ritualidades previstas en la "Norma de Normas" y en la Ley.
Está claro que para delimitar las competencias del Procurador no se necesita una reforma constitucional, sino una legal como la que el mismo Petro y sus conmilitones coadyuvaron a aprobar y que se les devuelve como un boomerang.
Esta comprobado que para modificar los periodos constitucionales de Alcaldes, Gibernadores, Presidente, Miembros de los Tribunales y de las Altas Cortes,Procurador, Fiscal, Contralor, Directivo de la Banca Central y otros altos funcionarios del Estado, si bien se requiere un trabajo técnico, consistente y exigente para evitar el desmadre del sistema de pesos y contrapesos por "la reforma de un articulito" hecha a la conveniencia del entonces Presidente Uribe, es claro que no se requiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Ya se ha probado, está comprobado, que para redistribuir el poder político a resultas de unas negociaciones de Paz no se requiere reformar Constitución alguna pues tales posibilidades forman parte de previsiones legales en materia de conformación de las corporaciones públicas, de representación en los diferentes niveles de gobierno y de asignación de competencias y de recursos.
Circunscripciones Especiales de Paz, curules decretadas como acciones afirmativas en favor de desmovilizados, víctimas, minorías y normas favorables para la organización de partidos políticos, todo eso forma parte de las posibilidades previstas en la Constitución de 1991, muchas de las cuales han sido objeto de desarrollos legales, aún vigentes.
Está claro que el camino a una, o varias reformas a la justicia, al sistema penintenciario, al sistema de salud, a la educación, al de protecciones del medio ambiente, han sido posibles a través de la Ley. Que han sido normas cojas, inadecuadas o inconvenientes, es imputable a la calidad y al origen de quienes ejercen la Representación y ella sólo se explica por que hay quienes los eligen con su voto.
¿Será que para que mejore esa representación se deba imponer por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente el voto obligatorio?
Como todas las inquietudes que forman parte de la agenda nacional se pueden modificar, alcanzar u organizar sin necesidad de cambiar la Constitución, cabe entonces preguntarse ¿"qué hay en el canto de la cabuya"?.
¿Será posible que la clase política, la de derecha y la de izquierda, la antigua y la nueva, la buena y la mala, haya cambiado su razonamiento en el sentido de que "cambiamos o nos cambian", para comportarse teniendo como cierta su capacidad de imponerse con aquello de "vamos a barrer a todos los que no comulgan con nosotros"?
¿Será que esa Constitución Ecléctica de 1991, producto de la realidad nacional "hizo agua" y es necesario reemplazarla por otra, ortodoxa y homogénea en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político porque 'le ha llegado la hora a la izquierda' o porque 'es el momento de la derecha'?
A mis amigos, de todas las vertientes, les digo que si bien nuestra Constitución fue posible porque el establecimiento miró el proceso con despreocupación, y no sin cierto desdén, si bien en aquel momento se contó con unas elites dispuestas a convenir, consensuar y acordar, no es menos cierto que hoy, en medio de la polarización, muchos sectores del espectro político rugen con rabia en busca de demoler hasta sus cimientos todo aquello que sea distinto al modelo de organización del Estado y de la Sociedad que no esté conforme con sus particulares intereses, creencias y representaciones.