Autor: Gustavo Petro
Nuestro compromiso con los derechos humanos, el medio ambiente, las reivindicaciones de las mujeres y en especial las de las minorías en su condición de población más vulnerable, incluidas las minorías sexuales, constituyen la razón fundamental para que asumiéramos la decisión de votar en la elección del nuevo Procurador con la responsabilidad de asegurar que quien fuera designado para esa posición garantizara esos compromisos.
Han sido además esos compromisos el eje de mi ejercicio como congresista y nada podrá modificar mi decisión de seguir adelante en ese empeño. Las torvas insinuaciones de haber realizado una transacción burocrática, provenientes de militantes de mi partido y de su propio presidente, para votar por el Procurador, no consultan mis actitudes ante las administraciones distritales que ha ganado mi partido y en donde jamás he recibido cuotas de tipo clientelista o en mi decisión de dejar de ser congresista en el año 2010.
Aunque ya había sentido esa falta de solidaridad cuando fui amenazado por las Farc, y cuando en solitario iniciaba mis debates públicos contra el paramilitarismo, no deja de dolerme que se trate así una hoja de vida parlamentaria sin mancha y construida sobre la base de arriesgar la vida para lograr destruir la ignominia y la barbarie, por algunos de los miembros de la dirección de mi partido.
El candidato a Procuraduría, postulado por el Consejo de Estado, el ex magistrado Alejandro Ordoñez, por su propia iniciativa, expresó su deseo de interpretar nuestro interés en la defensa de la constitución del 91, de la democracia que en ella se consagra y en especial de los derechos humanos y del medio ambiente.
Quiso él proponerse como un candidato de consenso con plena conciencia del significado de esa condición y a sabiendas de que no necesitaba de nuestro apoyo para ganar. Estaba en nuestras manos y en las de los senadores del Partido Liberal, como miembros de la oposición, aceptar su propuesta o permitir que se convirtiera en el candidato y Procurador de un conjunto de partidos afectos al Gobierno.
La bancada pudo votar en blanco y de todas maneras Ordoñez sería Procurador solo que con el apoyo exclusivo de las bancadas del gobierno. Tal posición siempre me pareció racional y no me dejó criticar a quienes la defendían, pero igualmente, y también racionalmente, como lo hice con la ley de garantías electorales en la elección presidencial, o en la ley de vivienda, o en la ley de transferencias, podíamos incidir con nuestro voto en amortiguar los efectos perversos sobre la población que defiende la izquierda democrática, los más débiles, los discriminados y los excluidos, de un tipo de creencias que se denunciaba, podía ejercer el nuevo Procurador.
Con nuestro voto, hoy el nuevo Procurador es de todos los colombianos y eso deberá permitir que esa institución siga mereciendo confianza. Cosa de la que seremos garantes. Si el nuevo Procurador rompe su compromiso de hacer respetar la Constitución y la Ley seré el primero en protestar.
Analicé con cuidado las objeciones que se hicieron a su nombre y examiné algunas de sus decisiones como juez. No encontré, ni nadie hizo pública alguna de la que se pudiera concluir que había hecho uso de su investidura para darle rienda suelta a su fanatismo religioso.
Es difícil conciliar la sindicación de ser un recalcitrante de ultraderecha con la autoría de la sentencia que condenó al Estado por la masacre de la Rochela en la que fueron asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba las desapariciones de ciudadanos en Simatoca, Cimitarra y Puerto Parra.
No dudó, como ponente para resolver la demanda presentada por los pequeños hijos de la asesinada Juez Mariela Morales Caro, en afirmar que el teniente Luis Enrique Andrade utilizó su condición de miembro de las fuerzas militares para organizar y apoyar al grupo paramilitar Los Masetos, que causó la masacre, y, por lo tanto, en proponer que se condenara al Estado por esos crímenes.
No encuadra tampoco en el perfil de un eventual perseguidor de mujeres, la ponencia que rindió, con base entre otras razones en la especial protección a la mujer, para que se le reconocieran todos los derechos a una aseadora que había sido despedida de una entidad pública, sin ningún miramiento, después de más de veinte años de servicio. El reconocimiento del empleado de hecho, la decisión de hacer prevalecer lo sustancial frente a lo formal, junto a posiciones como las que ya reseñé, lo muestran como un juez fiel a la Constitución, con muchas convicciones políticas y morales que no compartimos pero que respetamos.
Con la famosa parodia fotográfica de la última cena que publicó la revista Soho, sintió Alejandro Ordoñez el deber de católico practicante de hacer respetar los símbolos de la religión que profesa. Para ello acudió a los tribunales y se sometió a su decisión. No nos corresponde como líderes de un Partido que defiende la diversidad, el pluralismo y la libertad religiosa, dar ejemplo de intolerancia.
Coincide ahora esta elección con que fue justamente con su jefe político, el dirigente conservador Álvaro Gómez, que en el Gobierno liberal de César Gaviria, se hizo ese gran acuerdo para expedir la Constitución de 1991.
Estamos dispuestos a hacer todos los acuerdos que se necesiten, con los miembros de todos los partidos que se quieran comprometer con la causa esencial de hacer prevalecer la democracia sobre las mafias que carcomen a Colombia y de sacar a Colombia de la guerra.
Si los compromisos temáticos construidos con Alejandro Ordoñez se incumplen, yo seré el primero en manifestarlo y asumir mi responsabilidad política. Sepa la ciudadanía públicamente que consistían en formar una procuraduría delegada y especializada en la reparación integral de las víctimas de la violencia, un adelanto eficaz y bajo la ley de todos los procesos disciplinarios que vinculan funcionarios públicos con la comisión de delitos de lesa humanidad, un compromiso de garantizar la igualdad de género en la administración pública, la reunión inmediata con las más importantes organizaciones de derechos humanos en el país y una delegación especial para la no discriminación de la población LGBT.
Esto es lo que la mitad del comité ejecutivo del Polo y su Presidente insinúan fue una transacción burocrática e incoherente con el ideario de la unidad del Polo.