Autor: Francisco Cortés Rodas
En términos de la autonomía universitaria, la tesis que dice que lo que caracteriza a la universidad no es la política, sino que ella está constituida por las dimensiones académica, científica y humanística, quiere decir también que a la universidad no le corresponde realizar actividades políticas de tipo partidista relacionadas con el problema del poder del Estado, ni debe convertirse en un campo de batalla en la lucha por el poder, como ha sucedido en diferentes momentos con la presencia de capuchos y grupos armados de extrema izquierda o extrema derecha en el campus de la Alma Mater. Estos hechos han negado y niegan de forma radical la autonomía de la universidad.
- 1) Esta idea ha sido interpretada de forma equivocada por quienes comentaron mi artículo “Democracia y universidad” en la Revista Palabra de la Asociación de Profesores.
Han dicho que he destacado de manera perversa la relación entre universidad y política, que he demonizado la política, que le quiero decir a los estudiantes que solamente estudien y no piensen ni actúen políticamente, que propongo una separación entre las esferas sociales de acción, inconcebible en la universidad y en la sociedad.
La idea de que la política debe respetar los espacios de la academia y la ciencia y que no debe recurrir a la violencia, no ha sido entendida en su propio sentido por quienes me han criticado. Mi argumento, dicen ellos, conduce a un inmovilismo político, a paralizar la comunidad universitaria para que no actúe frente a la política neoliberal, la violencia estatal o la nueva administración con sus reformas del sistema de admisión y de los estatutos.
No he afirmado que excluyo de la universidad a la política y la democracia, ni he dicho tampoco que los académicos no deban ejercer la lucha política y gremial. Me ratifico en la tesis que afirma que la práctica política de profesores y estudiantes, sobre el asunto que sea, no debe recurrir a la violencia o al combate violento o armado.
En la Universidad de Antioquia hay profesores y estudiantes que abiertamente justifican la violencia como última razón de la acción política contra el Estado, que es, a su entender, fundamentalmente violento.
Este es un asunto que merece una mayor discusión y que aquí no puedo tratar. La justificación y uso de la violencia en la universidad pública es un asunto que rechazo. La violencia en la universidad produce el miedo, el silencio, la incomunicación, la negación de la vía argumentativa.
Donde inicia la violencia cesa la política. Esta idea de origen aristotélico debe orientar a una universidad para la cual la no violencia, la paz, la discusión con argumentos, son fundamentales.
Esto se puede decir de otra manera. Los autores de los comentarios a mi artículo incurren en la falacia del hombre del paja. Esto es que, en vez de tomarse en serio los argumentos de la política y la democracia en la universidad, crean una caricatura de mis razonamientos para luego poder presentarlos como triviales ante la comunidad universitaria y destrozarlos.
Es conocido que el que utiliza esta falacia no pretende argumentar, sino únicamente discurrir sobre la tesis creada por el mismo. De esta manera no aporta al debate, sino que crea una cortina de humo para que no se discutan los problemas cruciales.
En el artículo que escribí están las ideas que presenté. El poder de defender ideas con argumentos consignados en un texto es que uno puede justificarlos ante la opinión pública frente a las críticas y objeciones.
Esto es lo más propio de la universidad como un espacio público de la razón. En este artículo amplío un poco más mis argumentos, en aras de la defensa de mi visión sobre la universidad y la política y en aras de una respuesta constructiva a quienes me han criticado.
- 2) Sostengo ahora tres planteamientos que me interesa que los estudiantes y profesores interpreten de forma razonable. Al hacer la diferenciación entre las dimensiones esenciales de la universidad: academia, ciencia y formación, y la política como otra esfera de la acción social, quiero afirmar lo siguiente:
i) La autonomía puede entenderse como el espacio de libertad que el Estado le otorga a la universidad para que desarrolle todo tipo de investigación sin interferencia de ninguna clase.
La universidad debe cumplir con su fin fundamental que es la producción del conocimiento científico, tecnológico y social de calidad, y el Estado debe garantizar las condiciones financieras para que la universidad funcione, sin intervenir en sus asuntos académicos o investigativos.
La universidad debe tener por misión principal el desarrollo de la ciencia: el cultivo de las ciencias básicas y aplicadas, las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Y el desarrollo de estas disciplinas posibilitado por la investigación es la base la universidad.
En ejercicio de su autonomía, las universidades tienen libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; tienen la facultad para decidir cómo se cumplen las funciones de docencia, investigación y extensión, y la fijación de los respectivos planes y programas; tienen también la potestad para preparar, aprobar y gestionar su presupuesto, así como la administración de sus bienes y recursos para satisfacer los fines que le son propios.
Pero las universidades no son autónomas de forma absoluta, pues están limitadas de diferentes maneras por ser instituciones del Estado. En este sentido, la autonomía se relaciona con la responsabilidad, pues no hay autonomía sin responsabilidad.
ii) Si la acción política de los estudiantes o profesores se convierte en violencia política, que se concreta en bloqueos de edificios de la universidad, la interrupción coactiva de las clases, la destrucción de la infraestructura de la universidad, los desfiles de personas armadas o con explosivos en la universidad, el daño de las chapas de los salones para impedir las clases, la amenaza e intimidación a profesores y estudiantes mediante correos anónimos, se debe decir que todas estas prácticas son un bloqueo de las dimensiones académica, científica y formativa, y por tanto una limitación de la autonomía universitaria.
Estas acciones constituyen una intromisión en las dimensiones académica y científica por parte de prácticas coactivas y violentas importadas desde otras esferas de la sociedad –de la sociedad en guerra– que buscan someter mediante la intimidación y el terror a la comunidad universitaria y excluir de la vida universitaria la política argumentativa, la libertad de opinión y de cátedra.
En este sentido, defender la autonomía de la universidad implica no solamente enfrentar intromisiones externas provenientes del gobierno o de otros actores, interferencias que resultan de políticas estatales que afectan la existencia de las universidades públicas, intervenciones por la presencia de las fuerzas policiales en la universidad; sino también, enfrentar todas estas prácticas del radicalismo político y del uso de violencia que son una obstrucción de la vida académica y que tienden a la paralización de la universidad.
Uno no puede enfrentar un tipo de problemas sin resistir también los otros. Los estudiantes, los profesores y sus respectivas agremiaciones, no pueden invocar la autonomía universitaria para enfrentar las supuestas o reales políticas neoliberales sobre educación propuestas por el Estado, o la violencia estatal, o las nuevas políticas de ciencia y tecnología implementadas por Colciencias, o las nuevas políticas de admisión de esta administración, y no invocar esta autonomía para rechazar la violencia que representan personas armadas o con explosivos en la universidad, o de quienes dañan la infraestructura o de quienes quieren imponer la lógica de la guerra en la universidad.
“Cuando esa resistencia se vuelve selectiva y la invocación del principio de autonomía universitaria se vuelve asimétrico, dicha resistencia y dicha invocación pierden su autenticidad y ponen en duda nuestras verdaderas intenciones” (Tognato, 2; 2012).
iii) He afirmado en mis artículos que cuando existen situaciones que amenazan la autonomía universitaria debe haber acción política, por ejemplo, con las respuestas que debe dar la comunidad universitaria frente a proyectos del gobierno o de otros actores internos o externos, o frente a amenazas y otras formas de violencia externas o internas contra la universidad.
iv) El paro de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, que lleva más de dos meses, ha sido interpretado por algunos como una reacción de los estudiantes y profesores a una política del nuevo rector, que ha sido interpretada como la expresión de una profunda limitación de la autonomía universitaria porque menoscabaría el posible acceso de los aspirantes de los estratos uno, dos y tres.
Esta reclamación legítima, de tipo claramente político, se ha hecho, sin embargo, utilizando, lo que en la lucha política de la izquierda se denominaba, la combinación de todas las formas de lucha.
De un lado, prácticas coactivas como dañar las chapas de los salones para impedir las clases, amenazando e intimidando a profesores y estudiantes mediante correos anónimos, y prácticas abiertamente violentas ejercidas por encapuchados, que día tras día, durante este paro, han aterrorizado a la comunidad universitaria con la utilización de papas bomba y otros explosivos extremadamente peligrosos.
De otro lado, la asamblea de estudiantes ha extendiendo el tiempo de la protesta más allá de lo razonable. Al problema de la admisión le añadieron otras demandas: las incapacidades de los docentes y empleados, la bonificación para docentes, el reglamento estudiantil, y el cierre de sedes subregionales.
En esta situación el movimiento estudiantil ha entrado en la lógica de los programas maximalistas que, con cada vez más reclamos, pretenden atraer más adeptos, imposibilitar cualquier solución, y así llevar el paro hasta bien entrado el 2016, y al rector Mauricio Alviar y a su equipo rectoral, a una situación de vacío de poder, de crisis de gobernabilidad.
En este paro opera otra figura de la política que se puede denominar la “impugnación sistemática del estado de cosas”. En la Universidad de Antioquia no se puede proponer ningún cambio, ninguna reforma.
Es una universidad profundamente conservadora, estacionaria, -especialmente sus agremiaciones estudiantiles y profesorales-, y resistente a todo cambio. Ni el examen de admisión, ni la reforma de los estatutos, ni los ajustes en regionalización, ni el asunto de las ventas, ni los asuntos de seguridad en el campus, etc., pueden ser tocados o modificados.
La autoridad académica que proponga cualquier tipo de cambio del estatu quo debe enfrentar la política de la “impugnación sistemática del estado de cosas”, política que practican algunos estudiantes, profesores y directivos.
Es muy importante plantear el asunto de la responsabilidad política de cara a los costos que esto genera y demandar que la responsabilidad política nos demanda a actuar frente a este conjunto de consecuencias negativas.
Además de la afectación académica a los estudiantes por la cancelación de 20 mil grupos de diferentes facultades, el paro también ha generado pérdidas económicas que ascienden a los 36 mil millones de pesos.
Es importante que se tenga en cuenta, con toda la seriedad y responsabilidad que debe tener cada universitario, que en la universidad la política es una esfera de acción social que debe interactuar frente a las otras.
“Autonomía, en consecuencia, no implica ser “torre de marfil,” no implica aislamiento del resto de la sociedad, sino respetar el hecho de que cada esfera de la sociedad tiene su lógica propia y que los actores de cada esfera tienen la responsabilidad de defenderla, reconociendo al mismo tiempo que una sociedad en la cual las esferas no intercambian entre ellas termina siendo una sociedad no viable, constantemente al borde de la desintegración” (Tognato, 3; 2012).
Desafortunadamente esta interactuación no se está dando en este largo paro. Los estudiantes, situados en una torre de marfil, no han sabido ni querido interactuar con la administración central.
Y esta, situada en otra torre de marfil, tampoco ha podido interactuar con los estudiantes. La política no puede situarse en una de torre de marfil, lejos del mundo y de los problemas de los ciudadanos.
La política requiere de personas con disposición a argumentar, a oír las posiciones de los otros, a persuadir con los mejores argumentos, a avanzar en sus fines cuando se presente la ocasión y a ceder en los fines cuando sea necesario.
La política requiere consensos, pero hay que decir que la política es conflictiva, agónica, y que requiere por tanto reconocer que hay adversarios. Y con el adversario hay que tratar, negociar, pactar. La política en la universidad no puede quedar exclusivamente en manos de las minorías que orientan y dirigen las asambleas de estudiantes y profesores, ni en manos de quienes utilizan prácticas coactivas y violentas traídas desde la sociedad en guerra.
La política debe estar en manos del rector y su cuerpo directivo, de miembros de los Consejos Superior y Académico, de profesores y estudiantes en los órganos representativos y gremiales, es decir en manos de ciudadanos con capacidades persuasivas, argumentativas y de negociación.
Pero hay que decir con toda claridad que con los adversarios hay que hacer política, hay que negociar, y tratar con ellos. Una política de personas en una “torre de marfil,” produce la desintegración de la comunidad política y académica.