Autor: Gustavo Álvarez Gardeazábal
A raíz de la tremolina montada en la Corte Constitucional y de la caída en el abismo del desprestigio de la justicia en Colombia, han empezado a abrirse unos boquetes en las hasta hace poco impolutas e intocables cortes.
Nos preguntamos muchos colombianos entonces si en el fallo que desmontó las pensiones de los exmagistrados y excongresistas hubo mano siniestra. El hecho de que quienes hubiesen emitido el famoso fallo fueran el magistrado Pretelt y el conjuez Cepeda hace revivir hoy en día las sospechas que los perjudicados con la medida y la violación de sus derechos adquiridos presentaron en su momento.
Y tienen razón en revivirlo porque a muchos nos pareció, al menos políticamente incorrecto, que el conjuez Cepeda fuese (al mismo tiempo que daba el fallo) contratista de la Presidencia de la Nación.
Pero, por sobre todo, que el fallo hubiese sido aupado desde las barras mediáticas de los colegas que se sientan a menudo en la mesa de Juan para hacerle eco a los caprichos de la Casa de ‘Nari’.
Pero si por allí llueve, por el pasado de la Corte Constitucional no escampa. Han estado recordando también, a raíz de la escandalera, que al menos malucamente hace pocos años se falló contra los accionistas de Granahorrar expropiados a la brava por un decreto presidencial de varios años atrás.
Según esos compiladores de memoria, el magistrado del fallo fue el mismo González, metido ahora en honduras contra Pretelt, y aseguran que a más de soportar la presión del ministro de Hacienda de entonces, dizque tenía de sustanciadora a la hija del abogado de Fogafín que buscaba no pagar indemnización a los accionistas expropiados.
Llueve, pero nadie se moja.