Autor: Jaime Colpas
En Uniatlantico cunde la expectativa por la intervención de Gina Parody en el Consejo Superior, quien llega a conjurar la crisis por la designación de un Rector en Propiedad, que debe ser una figura académica, proba y representativa que saque a la institución de la crisis que cumple 20 años; así como se festejan los 75 años de la creación de la escuela de Bellas Artes.
Con el derecho de petición dirigido a la susodicha ministra del 28 de septiembre del 2014, predecimos lo que iba a suceder si “esta permite que desde el Consejo Superior se reviva el fracasado modelo de rectores encargados”, responsables de la crisis financiera, administrativa, académica y ética, que se refleja en el penoso puesto 34 de Uniatlántico en el ranking de las IES colombianas.
¡Hoy los partidarios del fracasado modelo esgrimen el mítico discurso de la violación de la Autonomía Universitaria por la férrea inspección y vigilancia del MEN!, la cual empezó desde los tiempos del ministro Carrasquilla en la presidencia de Pastrana y la ministra de educación María Cecilia Vélez del gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando impusieron la ley 550 en 2005 y a la interventora y reestructuradora Ana Sofía Mesa.
Pero, ¿Cuándo comenzó esta crisis?
Ésta, como el fantasma Gasparin, exhaló durante la rectoría de Pedro Falco cuando el Contralor departamental Ricardo Varela Consuegra cuestionó el desorden administrativo del Alma Máter, por ello el 24 de junio de 1995 El Tiempo expresó;
“El informe presentado por la Contraloría sobre la más importante institución de educación superior pública en la Costa, dice que a pesar de los avances logrados en la implementación de estudios en Uniatlántico se advierte el incumplimiento de los objetivos administrativos, el saneamiento financiero, la falta de implementación de planes de investigación, de capacitación de docentes y mejoramiento de la calidad”.
Falco acotó a ese medio que el informe era preciso y oportuno y que los “culpables deben responder”.
Allí fue Troya, porque el déficit crecía junto a las protestas de estudiantes, profesores y trabajadores, la cual devoró a ese Rector que, en su administración se crearon nuevos programas con dudoso respaldo presupuestal y poca ortodoxia en la aplicación del decreto ley 1444 del régimen salarial y prestacional que disparó el presupuesto de gastos y pasivo pensional, por lo cual fue reemplazado por el Teólogo de Universidad Gregoriana de Roma José Joaquín Andrade a comienzos de octubre de 1995, quien llegó cuando la Universidad incumplía a sus acreedores y clientes con la deuda de 1.500 millones de pesos.
El 31 de octubre de 1995 le dijo al diario El Tiempo:
“Se pusieron en marcha tres puntos, el primero de ellos es ordenar la gestión dentro de la universidad, es decir mejorar la definición de los procesos y funciones en el manejo financiero. El segundo es la descentralización dentro de la misma institución, es decir delegar por jefes de departamentos y el tercero la reglamentación, con referencia a que toda decisión se haga con base a una norma preestablecida, que de no existir, se crearía”.
José Joaquín Andrade es el rector más honesto de las últimas dos décadas, ya que el dos de enero del nuevo año presentó su renuncia luego de más de cuatro meses en el cargo, expresando que “la Rectoría de la Universidad del Atlántico es muy absorbente, y no se puede hacer investigación ni docencia... sólo administrar y pagar la nómina (El Tiempo, enero 4 de 1996)”.
Fue remplazado por el conservador Armando Zabaraín Manco cuando el panorama se oscurecía por las amenazas y asesinatos de profesores y estudiantes, y en 2001, El Tiempo titulaba: “U. DEL ATLÁNTICO, BOTÍN DE $100 MIL MILLONES (20 de mayo)”.
Así que éramos la IES más quebrada del país con astronómico pasivo laboral. De 2001 al 2006 tuvimos caramelitos de rectores encargados y muy dóciles a los intereses de grupos clientelistas internos y externos, que devoraban lo poco que quedaba en la lacena financiera, hasta que la Nación intervino con la ley 550 designado a Ana Mesa que recibió a Uniatlántico con la deuda de 187.000 millones de pesos y varios años de retraso en calidad académica.
Su misión era pagar los pasivos, sanear las finanzas y encarrilar la institución por la recuperación y acreditación de calidad (logró seis), ampliación de la cobertura, normatización y aprobación del plan de desarrollo al 2019.
Sin embargo, la prórroga de la ley 550 hasta seis años por los escenarios financieros negativos muestran que su gestión no alcanzó toda la meta deseada, aunque dejó un legado normativo y administrativo de corte centralista que contradice lo propuesto hace veinte años por el filósofo rector José Joaquín Andrade para que se implemente “la descentralización dentro de la misma institución para delegar a los jefes de departamentos y a los cuerpos docentes los fines misionales”.
Por lo que le pedimos a la Ministra Parody, Gobernador Segebre y Consejeros del Superior que antes de efectuar la consulta logren reformar el Estatuto General de la Universidad para acercarnos al “espíritu de descentralización del Regenerador Núñez: “centralización y descentralización administrativa”.
Debido a que la autonomía recae en los actores y generadores de academia, investigación, extensión y bienestar; reformado además el estatuto docente (inclusión de los tiempo parciales), estudiantil (obsoleto de 1989), y normas del concurso docente para evitar los lunares éticos del controvertido concurso del 2014.
¡Así es que cómo podremos hablar de gobernanza y respeto a autonomía universitaria inexistente!