Autor: Gustavo Álvarez Gardeazábal
El país no ha medido nunca el tamaño de la estupidez que cometieron los narcos asesinando a Luis Carlos Galán. Menos que será capaz de valorar la torpe y absolutamente condenable actitud de los organismos del estado para cohonestar y apoyar ese crimen.
Galán fue una esperanza debidamente alimentada por los medios de comunicación bogotanos, la profunda división provinciana de los liberales y la sed de caudillo que el país poseía en aquellos días.
Los verdaderos instigadores y financiadores del asesinato de la esperanza que encarnaba Galán no han sido condenados pero a los colombianos nos han hecho cargar desde entonces la cruz de haberle truncado esa ilusión a su familia, a su núcleo santafereño y a millones de compatriotas.
El portal Las 2 orillas acaba de publicar un estudio sobre los contratos otorgados por el estado a la Escuela para la Democracia Luis Carlos Galán, que manejan la viuda del líder y su hermana. Asombra la cifra.
Entre 2012 y 2014 han contratado 114 mil millones, sin licitación, para realizar actividades creíbles pero no comprobables.
Como con ese mito y esa familia no se mete nadie, la Contraloría no ha solicitado un desglose de en qué se gasta la mil millonada que mostró el portal de María Elvira Bonilla Otoya, pero el menos tonto intuye que con esos pesos se deben pagar los sueldos de la viuda y la cuñada de Galán y de su staff y vaya a saberse qué otro patrocinio en plenos años electorales.
El que muchos integrantes de la fauna política hagan lo mismo con sus fundaciones no obliga a pensar que la familia del líder vilmente asesinado es una excepción.