Autora: Cecilia López Montaño
Si algo necesita el modelo de desarrollo actual, cuando el sector privado es el proveedor de servicios públicos, es que el Estado ejerza el debido control y la vigilancia adecuada. Si esto no sucede, una sociedad con 2/3 de su población entre pobres y vulnerables como la colombiana, sufrirá las consecuencias de la obsesión por las ganancias que mueve al sector privado.
La gente ha sido, es y seguirá siendo la responsabilidad de quienes por mandato popular manejan al país en sus distintos niveles. Proveer de agua, energía, entre otros a los sectores pobres, no es el mejor negocio para quienes por definición deben maximizar utilidades.
Por ello le corresponde al Estado encontrar los mecanismos para que los grupos de población sin ingresos, no sufran con la ausencia o mala calidad de los servicios básicos para una vida digna.
La relación entre energía y pobreza ha sido históricamente subestimada y por consiguiente ausente de debates económicos y sobre todo sociales. Pero hoy esa realidad empieza a cambiar y se reconoce que la energía tiene efecto claro sobre todos los Objetivos del Milenio y particularmente sobre aquellos relacionados con el bienestar de sectores marginados y con las mujeres.
La diferencia que la disponibilidad de energía tiene sobre el uso del tiempo de quienes hasta ahora asumen la carga del cuidado de la familia y del hogar, las mujeres, es de tal magnitud, que se traduce en un factor que contribuye a determinar la oferta de trabajo femenino.
Garantizar el suministro a toda la población de estos servicios esenciales ahora en manos de empresas multinacionales debería ser la gran prioridad de la Superintendencia de Servicios Públicos. La prueba de que esto no está sucediendo es la triste historia de Electricaribe. Con muertos de por medio, las protestas no cesan y ahora tuvieron lugar en un barrio de un municipio del Atlántico que tiene indicadores sociales muy precarios, Campo de la Cruz.
¿Por qué no invierten en esas redes obsoletas que causan profundos malestares entre la población que, inexplicablemente, vive tan lejos de la realidad de la capital del Departamento?
A veces muchos hemos sentido que cuando se presentan estos problemas con Electricaribe, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, la Superintendencia se pone de lado de la empresa. El mundo al revés. La idealización de la inversión extranjera, el complejo que aún se tiene con los españoles no justifican para nada que las autoridades de toda la Región Caribe no se unan rápidamente para exigir que estos problemas recurrentes en el servicio de energía de la Región tengan una solución definitiva.
¿De cuándo acá las empresas extranjeras son intocables? Se sienten tan por encima de los colombianos que cuando se escriben columnas denunciando la falta de inversión en redes, las diferencias en tratamiento laboral de los españoles y colombianos que trabajan en la empresa, sus autoridades anuncian reuniones, que nunca cumplen con los columnistas.
La Superintendencia de Servicios Públicos, con el apoyo de las autoridades locales, debe ponerse ya al frente de los serios problemas de los servicios de energía en la Región Caribe. Por poderosa que sea la empresa que está detrás de Electricaribe, la obligación del Estado es garantizarles a los habitantes, sobre todo a los más pobres, que dispondrán de este servicio.
Los gobernadores y alcaldes de los 7 de departamentos cuyo suministro de energía eléctrica depende de la mencionada empresa deben manifestarse de manera mucho más contundente porque para eso los eligieron.