Moisés Pineda Salazar
Especialista en Sociedades y Culturas del Caribe - Barranquilla, Colombia
La complejidad del problema, obliga a divulgar, mis opiniones acerca de un asunto en el que se le va la vida a miles de personas víctimas de la delincuencia. Debo hacerlo, sobre todo, cuando el espacio asignado a este tipo de análisis en los medios noticiosos, en la era de los “tips” y de los “trinos”, parece guardar proporción con los porcentajes que los Candidatos registramos en las encuestas.
Ojalá tuviera los recursos para hacerlo por fuera de los espacios de opinión.
Sin embargo, como “las cosas son como son”, ¡a lo hecho, pecho! Fue en el Gobierno de Nelson Polo Hernández cuando se propuso un enfoque de la Seguridad en las Ciudades, desde una perspectiva diferente a la puramente militar y policial.
A eso ayudó mucho lo que por entonces se desarrollaba como política pública en la Administración Distrital, a cargo de Edgar George, con el fin de enfrentar las guerras entre pandillas juveniles en los barrios del Sur Oriente de Barranquilla y las oleadas de violencia en las cárceles, más allá de la estereotipada explicación de que “la gente es violenta por razón de la pobreza” que, desde su “viudez de poder”, promovía Su Excelencia Repelentísima, Monseñor Bernardo Hoyos Montoya, todos los domingos, desde “El Rincón Latino”.
En aquellos días, definíamos la Voluntad Política, como el "enunciado que indique el sentido, alcance y restricciones para la actuación de la autoridad pública y lo que esta espera del comportamiento de los gobernados". Estábamos convencidos de que esa manifestación debía contener "mensajes" capaces de "orientar" a los ciudadanos, de "desalentar" a los criminales y de "desestimular" las formas que adquiera el delito, toda vez que este "no desaparece, sino que se transforma o se traslada".
Así, mientras George organizaba la atención de indigentes, dementes, drogadictos y de putas al tiempo que llevaba pavimento, luz, gas y telefonía a los territorios de “Los Malembe”, “Los Potera” y “Los Pecuecas”,Polo Hernández coadyuvaba asignando créditos, capacitación para los jóvenes e interviniendo con recursos de la Tasa de Seguridad Ciudadana en el complejo universo de las relaciones entre criminales encarcelados.
Las decisiones y los programas de estos dos gobernantes, materializaban el concepto de que “la seguridad es la conciencia, individual y colectiva, que tienen los ciudadanos de que las Instituciones que los gobiernan y protegen, funcionan bien y cumplen con su misión”.
Prospectar
En aquellos años, con base en el respeto y en la colaboración, el Gobernador del Atlántico y el Alcalde del Distrito de Barranquilla, lograron ejercer control social, político y militar sobre un territorio que las organizaciones delincuenciales veían como de gran valor estratégico, tanto para el tráfico ilegal de drogas, armas y personas, como que era zona sanitaria y de retaguardia para la guerrilla.
Sus conexiones con las vegas del Río, con la línea Litoral, con La Sierra Nevada, invitaba a ser conquistado por las fuerzas armadas de un para-estado emergente. .
Todo aquello que ya es de público conocimiento, y lo que falta conocerse por boca de quienes dirigieron esa macabra empresa, tiene su explicación en “los años del rifirrafe” que vivimos a partir del 1996.
Acertar
En materia de seguridad, los recursos son escasos y el error debilitante. Mientras no identifiquemos correctamente los orígenes y la naturaleza del problema, estaremos matando mosquitos a escopetazos y elefantes a pellizcos.
Si en Barranquilla, a modo ejemplo, los homicidios selectivos son expresión de la guerra entre organizaciones criminales por el control de los corredores de tráfico, o de los canales del micro- trafico de drogas, entonces no hay sino dos caminos.
El primero es el que se ha seguido para el tratamiento del alcoholismo y el tabaquismo. Una visión de control, de regulación, de aproximación epidemiológica y de salud pública.
Sería una solución seria. Pero, no depende de nosotros sino de los países de los grandes mercados de consumidores.
El segundo, que es el de "la prohibición", consistiría en una estrategia que mejore la inteligencia para desarticular las redes del crimen organizado, que impida el abastecimiento y circulación de sustancias y de armamentos y que cuente con los recursos tecnológicos y jurídicos para apresar, judicializar y condenar los delincuentes.
Para esta lucha, necesitaremos gente comprometida, ética y moralmente invulnerable, incorruptible, estoica y con determinación a vencer o morir en el intento. Una especie de Elliot Ness encabezando un grupo de “Intocables”. Cosa difícil.
Mandar
No creo que los problemas de seguridad que nos aquejan obedezcan a deficiencias en los planes o en los proyectos. La razón es mucho más grave.
Conozco del problema y del talante de los administradores de la ciudad y, por ello afirmo que, si hay un “Plan Maestro de Seguridad para Barranquilla y su Area Metropolitana”, y si en él se provee una visión bastante aproximada de la naturaleza compleja del asunto, entonces lo que nos está pasando, debe obedecer a tres razones:
Las autoridades no creen en lo que hacen; ni confían los unos en los otros.
Los administradores circunstanciales de la ciudad, al debilitar los sistemas institucionales, al personalizar las normas en beneficio propio, son parte del problema, y, en consecuencia,
se han deslegitimado para ejercer la función reguladora, sancionadora y preventiva. Ni se les teme, ni se les respeta, "ni se les paran bolas".
¿Pudiera decirse, entonces, que estamos ad portas de regresar a los días en los que, la ruptura entre los administradores, el debilitamiento de las instituciones, la fractura en la política pública, la cooptación de la clase dirigente y la consiguiente deslegitimación de la autoridad territorial, posibilitaron el avance y la captura del Estado por parte de las fuerzas paramilitares en el Área Metropolitana de Barraquilla? Bajo” la calma chicha” del modo de ser de los barranquilleros, ¿llegarán a controlarnos las Bacrim?
Amoblar
Una ciudad sin parques es un frenocomio. Un lugar para enfermos mentales. Si la violencia es una enfermedad mental entonces, los parques, y otros espacios públicos urbanos destinados al juego, la recreación, el esparcimiento, el deporte y la contemplación de lo bello, son parte del amoblamiento urbano con finalidades, no solo de ornato, sino también ambientales y de salud pública.
En este último sentido, los parques tienen como función reducir los niveles de estrés y de agresividad que producen los cada vez más estrechos espacios destinados a la vivienda y los cada vez más precarios escenarios que los reglamentos urbanos prevén para aquellos fines de “sanidad mental domiciliaria”. Creo, que para eso existen y deben funcionar los parques y demás espacios públicos para el encuentro y la convivencia.
Entonces, no es apropiado conferirle a los parques la capacidad de reducir el homicidio, el raponazo y las lesiones personales. No se le pueden pedir peras a un papayo. Sin embargo, como en su momento lo argumentaba Edgar George para justificar la aplicación de recursos de la Tasa de Seguridad en la ampliación del Servicios de Alumbrado Público: “la oscuridad facilita la acción del delincuente, la iluminación lo disuade.”, no se puede negar que existe una relación entre el amoblamiento urbano y las prácticas de seguridad ciudadana activadas por redes de teléfonos comunitarios que la Alcaldía Distrital implementó en una época en la que tener un teléfono era un lujo en Barranquilla.
Respetar
Las Autoridades deben hacer lo que ordena el instrumento regulador cuya finalidad principal es la de definir qué hay que hacer y cómo se deben invertir los recursos destinados por la Nación, el Distrito y los Municipios para atender las necesidades de seguridad de los ciudadanos; incluidas las rentas provenientes de la tasa que tanto anima la intervención de los políticos.
Lamentablemente, el tema se ha politizado y circunscrito al asunto conflictivo de "quién maneja la plata".
Porque les conviene, para sacar ventajas en el debate electoral, los administradores han ocultado que bajo una definición territorial, de carácter metropolitano y sub- regional, se ha elaborado un “Plan Maestro de Seguridad Metropolitana que muy pocos conocemos.
Tal ocultamiento, tiene que ver con que el pensamiento del mandatario local, Alejandro Char en muchas cosas referidas a la "complejidad de la seguridad", no es consistente, ni con los diagnósticos, ni con la propedéutica recomendada, ni con los valores ciudadanos sobre los que se sustenta ese Plan Regulador. Eso sitúa el problema en el contexto de "los intereses privados" que minan la capacidad del Alcalde para ejercer la Autoridad.
Dar buen ejemplo
Mirando la cuestión en términos de la "integralidad en las acciones", considerando que "no hay camino diferente al fortalecimiento de la institucionalidad", traigo a colación un caso que expresa la idea de cómo, cuando se elabora, se interpreta o se aplica la norma , según el interés privado, entonces la Autoridad se deslegitima:
El Proyecto del Centro Comercial "Portal del Prado" fue aprobado con tres (3) entradas/ salidas. Una sobre la Calle Caracas, otra sobre el Callejón de Aduana y la tercera en la esquina del crucero de ambas vías. Un día, sin autorización de la Autoridad de Planeación Urbana, con el argumento de que "esto es propiedad privada", los propietarios procedieron a cerrar la entrada/ salida que daba sobre el Callejón de la Aduana para construir un local comercial para Tigo.
¿Dónde quedan las protecciones para los usuarios en caso de emergencia o desastre?
¿Puedo hacer lo mismo en mi casa, afectando a un tercero, sin permiso de la autoridad distrital?
¿Puedo hacer lo propio en la discoteca, en el cinema, en el restaurante o en el negocio de mi propiedad por el que circulan personas en calidad de clientes y usuarios?
Evidentemente, no puedo hacerlo.
Pero, la familia del Alcalde sí puede hacerlo...
Cuando esto pasa, los infractores y los delincuentes se sienten autorizados para "hacer lo que les venga en ganas"...
Conclusión
Una propuesta de Gobierno en materia de Seguridad, se sustenta en la capacidad de ejercer la autoridad y no puede ser otra que aquella que está definida en la Política Nacional y en el Plan Maestro de Seguridad para el Área Metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, atendiendo la naturaleza del fenómeno criminal principal, y considerando su necesaria relación con el río y el mar, yo ampliaría sus alcances territoriales.
En ese sentido, propenderé para que se involucren los municipios ribereños que van desde Sitionuevo hasta Cerro de San Antonio- en el Departamento del Magdalena- desde Soledad hasta Suán- en el Departamento del Atlántico- y los ubicados a lo largo del Canal del Dique, desde Calamar hasta Soplaviento, Arenal y San Cristóbal- en el Departamento de Bolívar.
Así mismo, incorporaría los municipios del litoral, desde Puerto Colombia hasta Galerazamba.
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